Mi startup nació, como tantas otras, en una cafetería cerca de la Plaza de María Pita. Éramos dos programadores con una buena idea, mucho café y una confianza ciega en nuestro producto: una aplicación para optimizar la logística de pequeñas empresas. Durante el primer año, todo fue código, diseño y buscar clientes. Nuestro lenguaje era Python, no el Boletín Oficial del Estado. Nunca pensamos en la ley hasta que la ley, o más bien el miedo a ella, llamó a nuestra puerta.
El detonante fue una conversación con un posible inversor. Nos acribilló a preguntas para las que no teníamos respuesta: «¿Cómo gestionáis los datos de vuestros usuarios según el RGPD? ¿La propiedad intelectual del software está registrada a nombre de la sociedad? ¿Vuestros términos y condiciones de servicio son sólidos?». Salí de esa reunión con un nudo en el estómago. Me di cuenta de que habíamos construido un motor potente, pero lo habíamos puesto a correr en una carretera sin conocer una sola señal de tráfico. Éramos vulnerables.
Esa misma tarde, aparqué el lenguaje de programación y empecé a buscar un perfil que nunca había necesitado: un abogado tecnológico en Coruña. Mi búsqueda inicial fue un mar de dudas. No necesitaba un abogado que supiera de contratos de alquiler; necesitaba a alguien que entendiera de APIs, de almacenamiento en la nube, de la diferencia entre copyright y copyleft, y que supiera cómo proteger un activo intangible.
La clave fue buscar por especialización: «abogado tecnológico en Coruña«, » RGPD para startups», «propiedad intelectual software». Empecé a encontrar despachos y profesionales que hablaban mi idioma, o al menos, un híbrido entre el legal y el tecnológico. Sus webs no estaban llenas de latín, sino de conceptos como e-commerce, ciberseguridad y protección de datos.
Seleccioné a dos bufetes que parecían tener experiencia específica con empresas tecnológicas. La primera consulta fue reveladora. En lugar de ver mi aplicación como un producto, el abogado la vio como un entramado de obligaciones legales. Trazó un mapa de nuestros puntos ciegos: desde la política de cookies de nuestra web hasta la necesidad de registrar nuestra marca para evitar que otros se aprovecharan de nuestro esfuerzo.
Contratar a ese abogado no fue un gasto, fue la inversión más inteligente que hemos hecho. Ahora, mientras mi socio y yo nos centramos en mejorar nuestro código, tenemos la tranquilidad de saber que otro profesional se encarga de ese otro código, el legal, que es igual de crucial para que nuestro proyecto no sólo funcione, sino que sobreviva y crezca de forma segura en el complejo mundo digital.